Publiquem a continuació un article del professor Eugenio Recio, col·laborador habitual del CEES:

¿Amenaza la crisis el estado del bienestar?

Cuando se habla de la amenaza que la crisis, que estamos padeciendo, supone para el Estado del Bienestar (EB) hay que precisar bien si se trata del EB en sentido estricto o, si como frecuentemente ocurre con este término, se alude más bien a los sistemas de protección social de un modo general. En un caso o en otro las amenazas pueden ser de muy distinta naturaleza como tendremos ocasión de comprobar.

La sostenibilidad del EB ¿es un tema nuevo?

Por otra parte hay que tener en cuenta que las dudas sobre la sostenibilidad del EB, en cualquiera de sus posibles acepciones, no son exclusivas de esta crisis. Es un tema reiterativo que aparece cuando varian algunas circunstancias en el contexto socioeconómico de un país o a nivel mundial. Para confirmar esta afirmación podríamos mencionar  la investigación que en 1995 encargó el entonces Presidente de la Generalitat, honorable Jordi Pujol, a ESADE para ver si en aquellos años en los que la economía de nuestro paìs había entrado en una fase de recuperación y, al mismo tiempo, se estaba intensificando el proceso de consolidación de la UE y la economía internacional parecía comenzar una nueva etapa por los acuerdos de la Ronda Uruguay, se podía mantener un EB que estaba provocando un elevado déficit público[1]

Con planteamientos parecidos diez años después, en enero del 2005, se inició un Seminario, dentro del programa de ESADEFORUM, para analizar los cambios, en parte de otra naturaleza, que  en aquellas fechas se estaban produciendo en la sociedad y en la organización económica. Con las aportaciones de los participantes en esas reuniones de trabajo en las que estuvieron representadas diversas instituciones como el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el Departament d’Economia de la Generalitat, el Servei d’Estudis de La Caixa y Caritas diocesana, se elaboró un documento con el que se pretendió responder al mismo problema de la sostenibilidad y se tituló:  “Tensiones sociales en el ámbito europeo para adecuarse a la revisión del EB”.

Y también por esas fechas se celebró, en la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País, dentro del Ciclo “Crecimiento Económico y protección social”, una Mesa Redonda dirigida por Ignasi Farreres, Presidente de la Comisión de Cohesión Social de dicha institución, sobre la Sostenibilidad del EB.

¿De qué EB hablamos?

Por lo que se refiere a las distintas acepciones del concepto de EB conviene recordar que, aunque sus orígenes se remontan al año 1932, cuando en Suecia con el slogan “comunidad popular” (folkhemmet) se pretendió establecer unos servicios básicos universales para asegurar a todo ciudadano un alto nivel de vida, está generalizada la opinión de que el origen del EB tuvo lugar en la propuesta del laborista inglés W.H.Beveridge (“Social Insurance and Allied Services”, 1942) con la que se presentó una alternativa al modelo de protección social vigente en los países de la Europa continental, que se inspiraba, de un modo más o menos inmediato, en el sistema propuesto por el Canciller Bismarck, en el último tercio del siglo XIX [2]

El modelo de Bismarck se centraba en los problemas que podían tener los trabajadores asalariados en su nivel de vida ante ciertas contingencias como los accidentes laborales, la enfermedad y la vejez, y después se amplió al paro. Se financiaba con las aportaciones de los mismos trabajadores y/o de los empresarios, se gestionaba con los métodos de los seguros y la intervención del Estado se reducía a imponer su obligatoriedad, a determinar el nivel de cotizaciones y prestaciones y, en casos extremos, a aportar fondos cuando las contribuciones de los interesados no eran suficientes. Al margen de los condicionamientos políticos de las actuaciones de Bismarck, en el ámbito académico la Escuela Histórica alemana con la intervención de la Asociación para la Política Social (Verein für Sozialpolitik) conceptualizó estos temas en lo que desde entonces se conoce como “Política Social”, con la que se pretendía complementar la actuación de la “Política Económica”.

El planteamiento de Beveridge se diferencia del modelo de Bismarck en dos aspectos fundamentales: tiene como objetivo ayudar a cualquier ciudadano que esté en situación precaria, se deba o no a contingencias laborales, lo cual supone una “universalización” de las prestaciones en cuando a los posibles beneficiarios pero con la limitación de la precariedad, lo cual  con el tiempo se ha ido olvidando, extendiéndose la universalización a todos los ciudadanos. En cuanto a la financiación, que es la segunda nota especificante, se realiza basicamente a través de los presupuestos del Estado, por eso en la expresión EB, el Estado representa un papel fundamental en el fomento del bienestar de los ciudadanos, dando lugar a las expresiones “Estado Providencia” o la más ambigüa “Estado Social”.

Aunque los dos modelos, el de Bismarck y el de Beveridge, a lo largo del tiempo han ido intercambiándose elementos nos parece importante para responder a la cuestión de la sostenibilidad del EB distinguir si nos referimos a un EB caracterizado por las notas de la “universalización” y el “estatismo” o a un sistema en el que, con la práctica de la Polítca Social, se garantice la protección de cualquier ciudadano que se encuentre en condiciones precarias.

Las amenazas al EB en sentido estricto

Concretándonos a las causas que en la crisis actual pueden ser una amenaza para el EB, encontramos que claramente el riesgo se refiere al EB en sentido estricto. La crisis amenaza al EB como “Estado providencia” porque ha hecho caer en la cuenta del riesgo de un gasto público en continuo crecimiento.  Al universalizarse para toda la población los servicios básicos, especialmente de educación, sanidad y pensiones, y la atención en circunstancias especiales como el paro o la dependencia, los ciudadanos tienden a demandar más y mejores servicios sin que les frene el coste que esto supondría para su propio presupuesto, porque su financiación correrá a cargo del presupuesto público, al que contribuyen de un modo general todos los ciudadanos con los impuestos, pero cuyo creciente volumen puede resultar insostenible. Este EB estará siempre en peligro al amenazar la estabilidad financiera que necesita una economía sostenible.

La alternativa de un EB más acorde con la libertad y responsabilidad

Para evitar el riesgo de que los ciudadanos se acostumbren a que el Estado provea sus crecientes e ilimitadas necesidades y pierdan el sentido de que el principal proveedor ha de ser el propio esfuerzo de cada uno, doa alemanes con una mentalidad muy distinta de la de Bismarck, L.Erhard y A.Müller-Armack, diseñaron un modelo alternativo con el que, al mismo tiempo que se pretendía garantizar que ningún ciudadano involuntariamente se viera privado de los bienes básicos para una digna subsistencia, se evitaran las consecuencias negativas que tendría para el crecimiento económico un sistema de protección social poco realista y acorde con la naturaleza y dignidad del ser humano, como puede ocurrir con el EB en sentido estricto[3].

Con el modelo de la Economía Social de Mercado (ESM), que también se suele llamar el “Modelo Social Europeo” con una expresión tan ambigüa como la de EB, tendríamos un EB que garantizaría la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos  para que cada uno haga los esfuerzos necesarios para hacer frente a las contingencias de la vida, operando con las reglas y estímulos de un libre Mercado de competencia y sólo, como último recurso y no como un derecho universal que no tiene en cuenta las circunstancias personales, tendría que intervenir el Estado a través de los servicios de protección social. Un sistema así  no tendría por qué estar amenazado, por muchas que sean  las limitaciones que impone al gasto público la austeridad financiera que requiere, en las distintas fases de los ciclos coyuntura- les, el crecimiento económico en un contexto de globalización.

El modelo de la ESM  trata de definir con precisión el papel del Mercado y del Estado en la actividad económica. El libre Mercado de competencia es el mecanismo normal que permite a los ciudadanos acceder con su actividad a la renta que van a necesitar para adquirir libremente los bienes y servicios que les ofrece el Mercado. Pero para que esto pueda ser una realidad se necesita que haya un Estado que establezca las reglas, y vigile su cumplimiento, para que puedan funcionar los correspondientes Mercados en los que han de poder participar todos los ciudadanos, según sus libres y responsables decisiones. Pero como, por circunstancias muy diversas, habrá ciudadanos que no estén en condiciones de decidir libremente cómo incorporarse al mercado de trabajo o cómo obtener los recursos para adquirir los bienes y servicios imprescindibles para la vida, el Estado ha de establecer también, controlando su efectividad, las instituciones y las reglas con que se ha de actuar, para que esos ciudadanos que, por causas involuntarias, no pueden participar en la normalidad de los Mercados, puedan disfrutar de las oportunidades que tiene el resto de la ciudadanía.

La amenaza de la crisis a un EB, interpretado en el sentido de sistemas públicos de protección social[4], sería menos alarmante en cuanto es menos inmediato el recurso al aumento de las prestaciones pues, a pesar de la crisis, los ciudadanos serán conscientes de que son ellos los que tienen que buscar solución a sus problemas y la función subsidiaria del Estado ha de ser procurarles un entorno favorable para que lo consigan y cuando no haya más remedio que acudir a las prestaciones públicas, por la necesidad, por ejemplo, de atender al aumento del paro, el Estado sólo en situaciones especiales, tendrá que recurrir al presupuesto público con la debida cautela para evitar una desestabilización de la situación financiera que pudiera poner en peligro el sistema de protección social.

Hay, por tanto, una importante diferencia en cuanto a la sostenibilidad del EB, en sus dos concepciones, ante las distintas circunstancias que se pueden dar ya que las dos concepciones del EB se diferencian en cuanto a los sujetos que se pueden beneficiar de sus prestaciones (todos los ciudadanos sin atender a su situación económica o sólo los que por causas involuntarias se encuentran en situaciones precarias) y en cuanto a su financiación con las aportaciones anónimas a través del sistema impositivo de los presupuestos generales del Estado o con las aportaciones finalistas de los propios interesados que, en situaciones normales y según sus posibilidades, aportan sus recursos para asegurarse ante futuras emergencias.  Esto, sin embargo, no supone que no puedan existir desviaciones, que exijan correctivos, o cambios en el entorno que requieran la adaptación a las nuevas circunstancias, como está ocurriendo en la ESM[5], pero en estos casos la amenaza de la sostenibilidad no procede de la crisis actual.

Eugenio M. Recio

Professor honorari d’ESADE i col·laborador del CEES

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[1] El contenido y los resultados de esa investigación han sido publicados en la Col.lecció Texto y documents de la Generalitat de Catalunya, núm 14, bajo el título “El Estado del Bienestar”, mayo 1996

[2] Se puede encontrar más información en la publicación referida en la nota anterior, págs.17-20

[3] Se explican con más detalle estos aspectos de la ESM en E.M.Recio “Estructura ideológica de la ESM”, núm.1 de la Colección publicada por el CEES e INHECA sobre la ESM, diciembre, 2009, págs. 22,23,30-32 y 36

[4] Posibles actuaciones del Estado que no implican que tenga que ser el mismo Estado el que preste los servicios sociales pueden encontrarse en E.M.Recio :”La Educación en la moderna concepción del Estado del Bienestar”, Papers ESADE, núm. 168, marzo 2000

[5] Se exponen con detalle en la publicación referida en la nota 3 págs.29-32